Delincuencia juvenil en méxico

En este post se habla de la delincuencia juvenil en México

El objetivo del sistema de justicia juvenil de México era establecer tribunales y estatutos juveniles distintos. De este modo, estarían protegidos de las leyes penales, los procedimientos y los castigos de los adultos. Los dos objetivos principales eran tratar a los menores de forma diferente a los adultos y mantenerlos separados de éstos para que no sufrieran un impacto negativo. Los principios de instrucción, seguridad y justicia sirvieron de base para este "tratamiento especial". El primer juzgado en México se fundó en el estado central de San Luis Potosí en 1926. Los posteriores avances jurídicos en el ámbito de la justicia de menores se realizaron principalmente en la Ciudad de México. Los modelos de la Corte de Chicago y del Juez Paternal de Nueva York fueron adoptados por estos tribunales inaugurales.

La Ley de Prevención Social y de la Delincuencia Juvenil del Distrito Federal y de los Territorios Mexicanos fue publicada en 1928. Esta ley regula los asuntos federales en todo el país, así como los casos típicos de menores infractores en el Distrito Federal. De acuerdo con la legislación, los menores de 15 años no están obligados a ser acusados de delitos. No pueden ser acusados de un delito ni ser objeto de una acción judicial. Sin embargo, exige que se les brinde protección gubernamental y se tomen las medidas adecuadas para su educación. El tribunal también incluía en su ámbito a los niños desatendidos, abandonados o con problemas.

El marco de los tribunales de menores se modificó con la adopción de la Ley Orgánica y Normas Procesales del Tribunal de Menores y sus Instituciones Auxiliares para el Distrito y Territorios Federales de 1941. La ley estableció dos tribunales mexicanos de tres miembros. En sesión plenaria, decidirían. En 1964 se modificó el artículo 18 para reconocer a los menores infractores. El gobierno federal se vio obligado por ley a establecer instalaciones especiales para la rehabilitación de los menores infractores. En 1973, tras una reunión nacional sobre menores infractores, se modificó de nuevo la ley. Se aprobó la ley de 1974 por la que se creaba el Consejo Tutelar de Menores de los Territorios Federales. La ley aportó ideas, objetivos y prácticas novedosas. Volvía al enfoque no punitivo, preventivo, correctivo y protector. Cada presidente del tribunal tenía un consejero y el tribunal se dividía en tribunales más pequeños. Otras repúblicas utilizaron este estatuto como modelo para su propia legislación. El método tutelar no considera a los niños como delincuentes. Los menores de 18 años no son capaces de comprender el derecho penal, por lo que esta ley no impone responsabilidad penal.

Esta ley no concede ningún derecho al debido proceso ni otras garantías procesales porque el Estado es "parens patriae". Cuando se trata de la educación, la orientación y la atención médica de un niño, el Estado puede actuar como su tutor. Cuando un niño comete un delito, los padres son responsables por no proporcionarle la educación necesaria. Por tanto, el Estado debe intervenir y actuar como tutor para salvaguardar su "bienestar". Es evidente que el Estado no castiga a los niños, a pesar de que la cárcel es la "terapia para los niños" (a diferencia del castigo para los adultos). Se trataba de una instrucción. No estaba obligado a conceder a los niños ningún derecho procesal. En lugar de penalizarlos, el Estado los vigilaba. Para las Naciones Unidas era fundamental conceder a los delincuentes juveniles derechos procesales porque los estados tenían que reconocer que la detención cuenta como castigo.

La "Ley de Tratamiento de Menores para el Distrito Federal" se aprobó en 1991. En el Distrito Federal, controla tanto los delitos federales como los estatales. En su estatuto inicial, [establece el objetivo de la ley]: Es] Regula la forma en que el Estado protege los derechos de los niños y promueve el desarrollo social de los individuos cuya conducta es violatoria de las leyes federales o del Distrito Federal. [8]. Los tribunales administrativos incluyen el consejo de menores. La totalidad de los miembros del tribunal está formada por personal administrativo (no judicial). El esquema organizativo del tribunal ha cambiado con respecto al pasado. Un presidente, un consejero único (conocido como unitario en México), un tribunal de apelación (tribunal superior), una comisión interdisciplinaria (que hace diagnósticos) y una unidad de defensa de menores formaron este tribunal. A diferencia de los otros tribunales, un consejero unitario tiene la autoridad para dictar las sentencias definitivas en todo el proceso.

En 2007 se promulgó la "Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal", que dio a los menores el nuevo tratamiento al que tienen derecho según la Constitución mexicana. Con la institucionalización como último recurso, esta nueva ley busca establecer un sistema integral de justicia para adolescentes (Sistema Integral de Justicia para Adolescentes) que respete todos sus derechos constitucionales. La ley suprime los tribunales administrativos que existían antes de 2007 y establece tribunales específicamente diseñados para ayudar a los adolescentes. Con el fin de proporcionar un sistema integrado de justicia para los jóvenes de 12 a 18 años que hayan infringido la ley, en 2005 se modificó el artículo 18 de la Constitución.

Se creó para conceder a los menores los derechos adicionales del debido proceso otorgados a los menores, así como los mismos derechos del debido proceso de los adultos. La enmienda constitucional también establece un marco para los tribunales específicos de menores y otras formas de justicia. Con estos cambios, la institucionalización de los niños se convirtió en un último recurso que sólo se utilizaba en casos graves o cuando el niño era mayor de 14 años. Todos los estados mexicanos promulgaron la "Nueva Ley de Justicia para Adolescentes" en 2006.

La relación entre los niños, la ley y el Estado se formaliza con esta nueva estructura a nivel estatal y federal. Este concepto reconoce que los niños no son meros objetos que hay que proteger, sino que tienen derechos humanos intrínsecos a todos los individuos. A pesar de estar en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la legislación mexicana en materia de justicia juvenil ha incorporado nuevos derechos a la vez que ha preservado los existentes. Por ejemplo, los menores de 14 años que no han sido declarados culpables de un delito son dados de alta sin ningún tipo de tratamiento o rehabilitación. También se incluyeron métodos alternativos de justicia, pero no se examinaron ni su potencial de uso ni los requisitos para su éxito. La situación económica de los menores detenidos influye en la forma de administrar justicia. Los menores detenidos no tienen acceso a una defensa adecuada porque no pueden permitirse un abogado.

Estas contradicciones entre los derechos y la realidad ponen en peligro el nuevo sistema. Se plantea la cuestión de si los recientes ajustes legales realizados para cumplir con las normas internacionales están mejorando realmente la justicia juvenil. La mejor manera de entender el sistema de justicia juvenil mexicano es como una estructura de varios niveles que incluye normas y reglamentos federales, estatales y municipales. Esto nos facilitará la detección de algunas contradicciones y nuevos derechos. Influencia a escala mundial La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño fue ratificada por México en 1990, pasando a formar parte de las leyes fundamentales del país. El marco legal de la justicia juvenil está previsto en el artículo 18 de la Constitución mexicana. En él se establece la necesidad de establecer, controlar y administrar un sistema de justicia juvenil dentro de los distintos sistemas jurídicos de cada estado y del gobierno federal. Con el fin de proporcionar un sistema integrado de justicia para los menores infractores, la Constitución mexicana fue modificada en 2005.

Las formas alternativas de justicia y su administración por parte de instituciones o autoridades especializadas están igualmente contempladas en el artículo 18. Para ajustarse a la nueva Constitución, casi todos los estados mexicanos revisaron sus leyes de justicia juvenil en 2006. A pesar de que el sistema legal de México ahora cumple con la CDN, persisten numerosos problemas. Este ensayo investiga si estas enmiendas a la ley son o no un paso positivo para salvaguardar los derechos de los niños.

Preguntas Frecuentes: